Compartimos la nota publicada el martes 3 de julio en La Voz del Interior, de nuestro Obispo Auxiliar Mons. Pedro Javier Torres, integrante del Comipaz (Comité Interreligioso por la Paz):

Si bien en algunas concepciones filosóficas o religiosas la ley suprema de una sociedad es la ley eterna que se expresa en la ley natural, y esta última da el fundamento de racionalidad a la ley positiva que regula la vida cotidiana, esto no ha sido aceptado por todos en nuestra patria.

En cambio, desde 1853 hemos aceptado con profunda convicción por el bien común que la ley suprema que nos permite vivir en paz es la Constitución Nacional. Y a su vez, en un país que anhelamos federal, las constituciones provinciales.

Al releer la Constitución de Córdoba, me llamó la atención cómo se prevé que los funcionarios públicos en los diversos niveles realicen un juramento de fidelidad antes de asumir sus servicios a la comunidad.

En tiempos en que por una parte se valora el diálogo, pero por otra se devalúa la palabra, parece indispensable que todos recuperemos el sentido de la veracidad, la lealtad, la sinceridad, la responsabilidad y la fidelidad a la palabra dada.

Resulta llamativo que los legisladores y funcionarios que deberían dar el ejemplo de fidelidad a la palabra y al mandato recibido del pueblo se hayan olvidado de sus juramentos y con liviandad ahora afirmen posturas referentes a niños (incluso en gestación) cuyos derechos fueron reconocidos por muchas expresiones de nuestras leyes y contradicen la Constitución provincial y pactos internacionales de valor constitucional de orden nacional a los que ellos mismos adhirieron no hace mucho tiempo.

Sería una ayuda a la paz que quienes representan al pueblo no finjan sus juramentos y, antes de modificar la Constitución, pidan un mandato para ello y mientras tanto la cumplan.

Fuente: lavoz.com.ar

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